Las actuaciones por parte de Trabajo desde 2016 revelan una mayor concienciación, sobre todo en el ámbito de género, aunque la tasa de sanciones es baja

La discriminación laboral, sobre todo, la de género, es una realidad más que evidente por mucho que siga oculta en las estadísticas. Aún así, resulta incuestionable que se ha avanzado en este ámbito debido a la mayor concienciación social, con los sindicatos a la cabeza, pero también por el compromiso por la igualdad cada vez más firme por parte de los empresarios y las administraciones públicas. Aún así, es mucha la tarea que hay por delante en la Región, incluso aunque los datos de actuaciones en este campo por parte de la Inspección de Trabajo revelen que de las 1.300 intervenciones realizadas desde 2016 hasta la actualidad solo se hayan podido constatar 50 infracciones -el 3,8%-.

Y es que en la mayoría de las ocasiones se hace muy complicado demostrar con una certeza absoluta que existe un caso de discriminación, ya sea a partir de una denuncia previa o por controles de oficio. Por no hablar del amparo legal de algunos convenios que encubren de forma oficial esas diferencias.

CIFRAS:
546 actuaciones por discriminaciones directas e indirectas se llevaron a cabo en 2016, con 15 infracciones.
515 fueron las intervenciones realizadas en empresas en 2017, registrándose 25 infracciones.
239 son las actuaciones desarrolladas en el primer semestre de 2008, contabilizando 10 infracciones.

Estos resultados de actuaciones inspectoras realizadas durante los años 2016, 2017 y 2018 (hasta el pasado 25 de junio) incluyen tanto las discriminaciones por razones distintas de género, como por relación laboral, salariales, inmigración, y conciliación de la vida personal y familiar. Todas ellas asociadas a desigualdades directas e indirectos en el ámbito del mercado de trabajo.

En suma, actuaciones que están dentro de la programación de objetivos acordada entre el organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la propia Comunidad Autónoma.

Un aspecto destacable es que el pasado año se desarrollaron una treintena de actuaciones menos que en el ejercicio anterior, aunque se computaron, en cambio, una decena de sanciones más. Mientras que en lo que va de 2018 el resultado cosechado en ambos apartados prosigue en la misma tendencia media.

A priori, se podría pensar que si no hay más sanciones es porque no existe tanta discriminación como se cree, pero ese razonamiento está totalmente alejado de la realidad, tal como alertan las organizaciones sindicales. La secretaria de Igualdad de UGT en la Región, Eugenia Pérez Parra, advierte, precisamente, sobre «la falta de recursos humanos y materiales para vigilar el cumplimiento de la ley». Tampoco se puede obviar la necesidad de una mayor formación y seguridad para que los afectados se atrevan a denunciar sin miedo.

Brecha salarial del 26%

Así, mientras no se produzca ese salto  parece difícil que se puedan combatir con efectividad la desigualdad, sobre todo, en la comparativa entre mujeres y hombres. Desde la organización ugetista sostienen que más allá de que sea legal, la llamada brecha salarial en la Región supera el 26%, y afecta a 190.000 murcianas.

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem) mantiene, al respecto, que junto a los sindicatos y la Comunidad trabajan en un plan de medidas contra la brecha salarial y de género; además de impulsar también el desarrollo de los planes de igualdad y el establecimiento de prioridades en formación.

Por su parte, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CC OO en la Región, Anna Mellado, reconoce que «el 75% de los casos que les llegan por discriminación laboral de género tienen que ver con reclamaciones de reducción de jornada por cuidado de hijos». Además, «todas las semanas atendemos de dos a tres consultas por acoso»». En cualquier caso, «muchas situaciones no se denuncian ante la Inspección ante el retraso a la hora de resolverse», concluye.

Desde el Gobierno regional resaltan su compromiso para acabar con cualquier tipo de desigualdad. Y recuerdan que hay que tener en cuenta que la nueva Ley 9/2017 de contratos del sector público establece en los artículos 71 a 73 como causa de exclusión de los concursos el haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave en materia profesional sobre la igualdad de oportunidades y no discriminación.

Además, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda y Función pública, en resolución 792/2017, «declara la imposibilidad de que las comunidades autónomas o los ayuntamientos incrementen la lista de prohibiciones establecidas por el Estado con carácter básico, «por lo que la Región no puede imponer más limitaciones a las ya establecidas en sus concursos públicos», subraya el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, javier Celdrán.