Los procedimientos de concesión de marcas se simplifican en beneficio de los ciudadanos y las empresas. Supone un importante avance en la lucha contra la piratería porque se podrá prohibir el uso de una marca e impedir la introducción de mercancías, sin necesidad de demostrar que van a ser comercializadas.

Tras la aprobación por el Consejo de Ministros del pasado 23 de julio del Anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Marcas 17/2001 y la adapta a la Directiva europea 2015/2436, se armonizan las legislaciones comunitarias y facilitan el registro y la gestión de las marcas.

La norma introduce novedades en aspectos materiales y procedimentales y da mayor homogeneidad a los sistemas de marcas de los Estados Miembros. Se evitan así distorsiones en el funcionamiento del Mercado Único, que afectan a las empresas.

La nueva regulación supone un avance importante en la lucha contra la piratería, ya que establece la posibilidad de prohibir el uso de una marca e impedir que se introduzcan en el país mercancías que lleven sin autorización una marca idéntica a la registrada, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales, sin necesidad de demostrar que estas mercancías van a ser comercializadas.

Una de las principales novedades de la norma es la supresión del requisito que obligaba a que el signo distintivo tuviera que representarse gráficamente. Para adaptarse a las nuevas tecnologías, una vez que entre en vigor, la marca podrá ser susceptible de representarse por cualquier medio (sonoro, vídeo, holograma, etc.), siempre que el objeto de la protección que se otorgue al titular se pueda determinar con claridad.

Además, se refuerza la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas mediante la sistematización de las prohibiciones absolutas, es decir, la de aquellos signos que no pueden registrarse. Por otro lado, desaparece el concepto de marca notoria y se prevé solo la categoría de marca o nombre comercial renombrados, aquella que sea conocida por el público en general, lo que le otorgará una protección especial.

En cuanto al procedimiento, se regula detalladamente la legitimación para formular oposición al registro de una marca y se agilizan los trámites para su renovación. El texto atribuye la competencia directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para declarar las causas de nulidad y caducidad de una marca, agilizando igualmente dichos procesos.

Beneficios para las empresas

El nuevo sistema facilitará el registro y la gestión de marcas en la Unión Europea y en España.

La necesidad de probar el uso de una marca contribuirá a depurar la creación de monopolios injustificados. Se instaura, de este modo, un mecanismo novedoso para España, que refuerza la actividad de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La nueva normativa ofrecerá a los usuarios procedimientos administrativos ágiles para la declaración de nulidad y caducidad de las marcas registradas, dejando la vía judicial para controversias de mayor calado económico.

En definitiva, esta norma mejorará el funcionamiento del mercado interior, aumentará la seguridad jurídica para los ciudadanos de la UE y facilitará la erradicación de monopolios injustificados.