El tribunal da la razón a un trabajador rumano despedido por haber usado el email de la compañía para fines personales
La justicia exige en España que haya advertencia previa para que las empresas controlen el correo
Los sindicatos defienden que prime la privacidad de los empleados

La sentencia hecha pública por el Tribunal de Estrasburgo referida a la posibilidad de las empresas de vigilar los correos de sus empeleado se refiere al caso del ciudadano rumano Mihai Bărbulescu, despedido en 2007 de la empresa en la que trabajaba tras enviar desde el correo electrónico de la compañía mensajes de carácter privado.

Bărbulescu trabajó entre 2004 y agosto de 2007 en el departamento de ventas de una empresa privada de ingeniería donde se le ordenó crear una cuenta de Yahoo Messenger con el propósito de responder a las inquietudes de los clientes. El 13 de julio de 2007, la dirección de la empresa le comunicó que sus mensajes y correos electrónicos (que entraban y salían de esta cuenta de Messenger) estaban siendo vigilados desde hacía una semana e incluso se le mostraron transcripciones literales de los correos electrónicos personales donde, en ocasiones, hablaba de sexo y temas de salud, con su pareja y su hermano.

Dictamen del Tribunal

La sentencia ha amparado al trabajador rumano al haber sido vulnerado el respeto a la vida privada y familiar, y del hogar y la correspondencia de los ciudadanos, y ha determinado que las empresas no pueden controlar los correos electrónicos profesionales de sus empleados sin avisarles previamente.

El tribunal considera que los tribunales rumanos, que avalaron el despido de Bărbulescu, violaron el artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos, cuyo primer párrafo reza: “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”.

Según la sentencia, la empresa no mantuvo un equilibrio entre su derecho a mantener un funcionamiento adecuado y el derecho de Bărbulescu a su privacidad. Según los jueces, además de haber avisado con antelación a su trabajador de que le estaban vigilando, debería haber expuesto “razones legítimas” que justifiquen una medida tan drástica.

Usos privados: hasta cierto punto

Los jueces de Estrasburgo consideran que aunque las normas internas de la empresa prohíban el uso de Internet para fines privados, no se puede reducir a la nada “el ejercicio de la vida privada social en el trabajo”.

La sentencia no es recurrible por parte de la empresa afectada ya que las decisiones de la Gran Cámara del Tribunal de Estrasburgo son inapelables.

Precedentes en España

En España el uso de los medios telemáticos y su compatibilidad con el trabajo se ha regulado a golpe de sentencia. En 2007, el Tribunal Supremo dictó el primer fallo de unificación de doctrina que establecía límites sobre el control de las empresas al uso que hacían los trabajadores de los ordenadores propiedad de la empresa. Determinó que la vigilancia no podía invadir la intimidad, especialmente, si no les había dado advertencias claras y específicas de los límites y los controles que aplicaría.

¿Qué es dar una advertencia clara?

En 2013 el Tribunal Constitucional simplificó bastante esta exigencia, y eximió a los empresarios de realizar un aviso específico. Aceptaba como válida una única referencia en un convenio colectivo que prohibía “la utilización de los medios informáticos de la empresa para fines distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral”. Con ese aviso, decía, ya no había “una expectativa fundada y razonable de confidencialidad”, y no había intromisión.

Aun así, sentencias posteriores insisten en la necesidad de que exista un aviso específico de que el correo profesional puede ser revisado. Es el caso de un fallo reciente, del 17 marzo de 2017, del Supremo. Una empresa había despedido a una trabajadora apoyándose en una prueba obtenida de una conversación de su correo electrónico profesional sin su consentimiento. Y el tribunal rechazó dicha prueba. Recordó que “es admisible la ordenación y regulación del uso de los medios informáticos de titularidad empresarial”, así como “la facultad empresarial de vigilancia y control”, pero “siempre con pleno respeto a los derechos fundamentales”, entre los que está el derecho a la intimidad. No se acreditó que la empresa hubiera “procedido correctamente en la obtención de la prueba”.

Reacciones y consecuencias de la sentencia de Estrasburgo

Con respecto a la sentencia de Estrasburgo, fuentes sindicales sostienen que prefieren no pronunciarse hasta no conocer con detalle la letra pequeña. No obstante, subrayan que en los casos precedentes que se han producido en España y en los que tanto CC OO como UGT han respaldado las demandas de los trabajadores, se ha demostrado que, ante todo y si no ha existido un aviso previo de control, prima la privacidad del empleado contra la intromisión de las empresas.