El Gobierno aprobó ha aprobado en el último Consejo de Ministros un real decreto por el que modifica el reglamento del IVA para facilitar la adaptación al sistema de suministro inmediato de información (SII) de IVA, que entra en vigor el próximo 1 de julio.

El SII, que implica llevar los libros de IVA en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, es obligatorio desde esa fecha para grandes empresas (aquellas que facturan más de seis millones de euros), los grupos de IVA y los inscritos en el Redeme, un sistema por el que las devoluciones de este impuesto se reciben mensualmente.

El Gobierno ha abierto un plazo extraordinario para que las empresas acogidas al registro de devolución mensual del IVA (Redeme) puedan darse de baja de este mecanismo, y ya no estarán obligadas a enviar la información de sus facturas a la Agencia Tributaria en tiempo real.

Sistema complejo


El nuevo sistema es, según algunas asociaciones, muy complejo y muy costoso, por lo que algunas empresas de pequeño tamaño acogidas a los grupos de IVA o el Redeme no estaban interesadas en aplicarlo.

Sin embargo, no podían salir de los regímenes de Redeme o grupo de IVA porque estas solicitudes deben presentarse en noviembre y diciembre, respectivamente, y la normativa del SII se aprobó el 6 de diciembre.

Con la modificación aprobada hoy, las empresas acogidas al Redeme o a los grupos de IVA tendrán la posibilidad solicitar su baja de manera extraordinaria hasta el próximo 15 de junio, aunque posteriormente podrán volver si lo desean.

El real decreto aprobado hoy establece además que los contribuyentes acogidos al régimen simplificado no podrán aplicar el SII este año, aunque podrán hacerlo a partir de 2018.

Quejas del sector empresarial

 

Desde que se conoció la noticia, el sector empresarial manifestó sus reticencias a su aplicación. El suministro inmediato de información (SII) supone un cambio profundo en la relación de las empresas con la Agencia Tributaria, ya que estarán obligadas a informar de todas sus facturas en un periodo de 12 días desde la expedición o la contabilización de la factura (pasarán a ser ocho en 2018). La medida afectará inicialmente a unas 62.000 empresas, pero muchas de ellas ya saben que no llegarán a tiempo.


Hacienda quiere que el intercambio de información sea “inmediato” para forzar a las empresas a que envíen de forma automática la información detallada de sus facturas y, de este modo, conseguir una foto real de su actividad económica. En otras palabras, el objetivo es limitar al máximo la posibilidad de que las empresas modifiquen sus facturas para defraudar al fisco. Este nivel de exigencia obliga a las empresas a realizar un desarrollo tecnológico y fiscal que adapte todos sus procesos internos.


Muchas empresas ya saben que no estarán listas el 1 de julio, por lo que temen una oleada de sanciones del Ministerio de Hacienda, y se tiene la esperanza puesta en una prórroga o una dispensa hasta el 1 de enero de 2018

 

El director de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, ha intentado calmar al sector en las reuniones realizadas con asesores y consultores. En la última reunión, reconoció que tiene la puerta abierta a conceder excepciones tras la entrada en vigor del SII, pero que en ningún caso serán generalizadas. Ni siquiera afectarán a sectores completos. La opción que está estudiando la AEAT es conceder prórrogas individuales a las empresas que argumenten los motivos por los que no han sido capaces de llegar a tiempo al nuevo sistema, explican diversas fuentes que estuvieron en esa reunión. Sin embargo, fuentes de la Agencia Tributaria niegan haber trasladado la posibilidad de admitir prórrogas individuales y aseguran que no se está planteando esa opción.


España, en el vagón de cabeza


El SII supone un gran esfuerzo para las empresas españolas, pero también permitirá a la Agencia Tributaria tener un gran control fiscal de las actividades de las empresas. El nivel de detalle de la información que tienen que enviar a Hacienda, combinado con el periodo de tiempo tan corto que tienen para hacerlo, obliga a las empresas a automatizar el proceso y complica cualquier fraude al erario público.


El ‘nuevo IVA’ pondrá a España en el vagón de cabeza de exigencia de información sobre operaciones con transferencia tributaria.


Nuevas sanciones


El ‘nuevo IVA’ no ha supuesto ninguna modificación del régimen sancionador para las empresas, pero la Agencia Tributaria ha trasmitido al sector que está estudiando una revisión de las multas, aunque todavía no hay nada desarrollado. Con la normativa actual, la sanción base que se aplicará por el retraso en la presentación de las facturas será de un máximo de 6.000 euros al trimestre.


Esta cuantía no es abultada, pero además hay otras sanciones. Si las empresas no han incluido las facturas en el libro del IVA, tendrán una multa equivalente al 1% del total de la cuantía. Además, si las compañías no tienen las facturas y Hacienda realiza una inspección, no podrán deducir el IVA soportado.