Para el resto de empresas, el límite será de 3000 euros

Otra medida adoptada por el Gobierno obliga a las grades empresas a suministrar la información del iva de manera inmediata

Como medida para evitar el fraude, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes limitar los pagos en efectivo a 1000 euros, frente a los 2500 que tenían hasta ahora, aunque dicha medida sólo se aplica a los autónomos, mientras que para el resto de empresas, el límite será de 3.000 euros.

Una medida muy criticada por los autónomos

Para los autónomos, se trata de una agravio comparativo, y poner el foco del fraude y la economía sumergida sobre el colectivo de autónomos, máxime teniendo en cuenta que el mayor de volumen de fraude lo acaparan las grandes compañías, y no los pequeños empresarios.
Así lo corrobora el último informe de lucha contra el fraude fiscal elaborado por los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que indicaba que el 71,8% del total del fraude en España provenía de las grandes empresas y grandes fortunas, correspondiendo el resto a los autónomos y pymes. No parece, por tanto, que el mayor control sobre los pagos deba hacerse precisamente sobre los autónomos.
Esta medida aumenta los costes financieros de este colectivo que debería asumir el pago de comisiones por transferencias, ingresos de cheques, talones, etc. en un momento en que, precisamente, las entidades financieras están aumentando las cantidades a cobrar por estos servicios.
Además se sigue perjudicando a los que declaran, entendiendo que los que están “en negro” y no emiten factura podrán seguir cobrando en efectivo las cantidades que quieran y seguirán escapando al control de la Administración.

Según las asociaciones de comerciantes afectará negativamente al consumo

Las asociaciones de comerciantes consideran que el nuevo límite de 1.000 euros a los pagos en efectivo afectará al consumo, lamentando que el plan de ajuste del déficit previsto por el Gobierno se asiente principalmente sobre nuevas barreras y subidas impositivas a hogares y empresas.
Explican que el nuevo límite de 1.000 euros para las operaciones en efectivo afectará a la actividad comercial. “Supone una barrera al consumo y un nuevo coste de transacción, que prácticamente obliga a todos los ciudadanos a poseer una tarjeta”, añade. En todo caso, las organizaciones del pequeño, mediano y gran comercio consideran un error plantear esta medida en plena campaña de Navidad sin haber consultado previamente a los sectores más afectados.
Defienden sin ambages la lucha contra el fraude fiscal en España. Sin embargo, consideran desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo “que prácticamente pone bajo sospecha a cualquier consumidor que realice compras en el comercio. Por tanto, convendría actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida en España, que son reconocibles, en lugar de presionar a los hogares y empresas con nuevos impuestos y trabas a su actividad”.

Las grandes empresas tendrán que dar la información del IVA en el momento de producirse

La actuación también incluye también el suministro inmediato de información del IVA, una medida que quedó pendiente en la legislatura pasada del PP y que estaba prevista que entrara en vigor el 1 de enero de 2017. De hecho, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, avanzó hace unos días que el Gobierno implantaría nuevas medidas para controlar las liquidaciones de este impuesto.
El suministro inmediato de información del IVA es un nuevo sistema de gestión de este impuesto para empresas y profesionales, basado en información en tiempo real y que agiliza las devoluciones, proporciona al contribuyente los datos fiscales para su declaración y mejora el control tributario.
Se trata de una adecuación del trámite a las nuevas tecnologías que previsiblemente sólo será obligatorio para las grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el régimen de devolución mensual, un colectivo de alrededor de 62.000 contribuyentes, mientras que para el resto será voluntario.
El colectivo obligado a acogerse al nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) representa el 80 % de la facturación total de los sujetos pasivos de IVA en España, tal como señaló el director general de la AEAT, Santiago Menéndez, cuando presentó este proyecto en la anterior legislatura del PP. Asimismo, mediante este decreto ley el Gobierno también pretende llevar a cabo un endurecimiento en los pagos aplazados.
Esta serie de actuaciones se encuadran dentro del plan de lucha contra el fraude anunciado por Montoro hace una semana y con el que, entre otras cosas, se pretende suavizar el ajuste para cumplir el déficit. Si se consigue mejorar la recaudación por impuestos, como en este caso lo es el IVA, también se limitará la necesidad de elevar la presión fiscal.
En este sentido, Menéndez aseguró a principios del presente mes de noviembre que Hacienda elevará 1.000 millones la recaudación en la lucha contra el fraude. Este esfuerzo adicional, aseguró el director de la Agencia Tributaria, ayudará a cumplir con el déficit pactado con Bruselas.