Flexibiliza los créditos avalados por el ICO, prorroga la suspensión de los concursos de acreedores y protege a los sectores estratégicos de la inversión extranjera

El Gobierno tomó cartas en el asunto este martes para tratar de apuntalar la liquidez y la solvencia de las empresas españolas ante una segunda ola de coronavirus que amenaza con alargar la crisis y seguir minando la malograda situación del tejido productivo español. El nuevo paquete, entre otras cosas, flexibiliza los créditos avalados por el Estado, amplía la moratoria concursal, blinda a los sectores estratégicos ante inversiones foráneas, incorpora nuevas ayudas y facilidades tributarias.

“Este real decreto ley, como todos los autorizados con anterioridad, busca minimizar los efectos de la crisis económica y social centrándose en proteger la estructura productiva, el empleo y las rentas familiares”, defendió la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al término del Consejo de Ministros que dio luz verde al plan. “De esta manera podremos seguir preservando la economía para que continúe en la senda de crecimiento” retomada en verano, dijo.

“Estamos en un escenario altamente incierto” que requiere tomar medidas adicionales, tras evitar la destrucción de tres millones de empleos y una caída del 25% del PIB con las anteriores, sostuvo, si bien aseguró que “el escenario central del Gobierno para el cuarto trimestre no es de una caída o crecimiento negativo del PIB”.

La prioridad ahora, apuntó, es evitar que compañías viables puedan terminar cerrando por problemas puntuales de liquidez, u otros desequilibrios causados por la pandemia, ayudando a las empresas a preservar su solvencia.

Los créditos avalados

A tal efecto el Ejecutivo flexibilizó este martes las condiciones de la financiación bancaria avalada por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La idea es que devolver ahora esa financiación no genere ahora nuevos problemas. Los cambios afectan tanto a la línea inicial de garantías de liquidez, por 100.000 millones de euros, como a la segunda, dotada con 40.000 millones para sufragar inversiones.

A fin de “reducir la probabilidad de impagos” por parte de las compañías beneficiadas, lo que haría que el apunte de estas coberturas de hasta el 80% del riesgo pasara a generar un coste público, Economía eleva de 12 a 24 los meses de carencia en el pago del principal del préstamo. A su vez, extiende hasta en tres años la duración de créditos y avales, pasando de un máximo de cinco a un total de ocho años.

Finalmente, da a las firmas interesadas la oportunidad de seguir solicitando estas líneas de crédito hasta el 30 de junio de 2021, en lugar de limitarlos a diciembre de 2020.

Moratoria concursal

Otra de las patas de actuación del plan es la extensión del 30 de octubre de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021 en la suspensión de los procedimientos concursales voluntarios o necesarios, en la petición que hagan deudores y acreedores, respectivamente, y en su admisión por parte del juez.

En paralelo, la norma también se amplía el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación.