638.652 empresarios ya han solicitado 1,01 millones de solicitudes para beneficiarse de una medida que les ha permitido retrasar el pago de 3.031 millones de euros

El Gobierno ha vuelto a tirar este martes de la palanca fiscal para dar algo de aire a las pymes y autónomos ante las tensiones de liquidez que provoca la crisis desatada por la crisis del coronavirus Covid-19.

En concreto, el Consejo de Ministros ha ampliado en 30 días la moratoria del pago de impuestos ya en marcha para los pequeños empresarios, que pasa de tener tres a cuatro meses de aplazamiento sin coste para los contribuyentes.

La medida fue aprobada el 12 de marzo, dos días antes del decreto del estado de alarma y permite a pymes autónomos aplazar el pago de hasta 30.000 euros en impuestos como IRPF, Sociedades o IVA durante un periodo máximo de seis meses con tres de carencia, en los que no se aplica ningún coste o interés, que ahora pasan a cuatro meses.

La medida formaba parte del plan sellado con Ciudadanos para garantizarse su apoyo a la extensión del estado de alarma, que el Ejecutivo busca mantener vigentes hasta el fin del plan de medidas de desescalada.

Hasta la fecha, según ha detallado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, 638.652 empresarios ya han solicitado 1,01 millones de solicitudes para beneficiarse de una medida que les ha permitido retrasar el pago de 3.031 millones de euros.

La medida adoptada forma parte de un nuevo real decreto ley ómnibus que incluye una amplia batería de medidas. En materia tributaria destaca también la decisión del Gobierno de adaptar la declaración del impuesto de Sociedades para permitir que aquellas empresas que no aprobaran sus cuentas anuales antes del plazo previsto para la declaración como consecuencia de la pandemia, puedan presentar las disponibles en ese momento.

De otra parte, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a incentivos en las moratorias de préstamos, hipotecarios y de otro tipo, ampliando los beneficiarios siguiendo, ha dicho Montero, la recomendación de la autoridad bancaria europea para limitar el impacto de la crisis