El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la compatibilidad del ingreso mínimo vital (IMV) con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la prestación.

La Ley 19/2021 por la que se establece el IMV dispone que, para impulsar el tránsito desde una situación de exclusión a una de participación en la sociedad, el IMV contendrá en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión con el fin de evitar la llamada ‘trampa de pobreza’, es decir, que la existencia de la prestación inhiba a sus beneficiarios de buscar empleo por el temor a perder o ver reducidos sus ingresos.

La norma fija un mecanismo que garantiza a los titulares del IMV que encuentren trabajo, o mejoren sus condiciones laborales, el aumento de su renta disponible. Se trata de uno de los compromisos recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para ese año. 

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha explicado que este incentivo entrará en vigor en enero de 2023 y se activará de forma automática en función de los cambios en la situación del beneficiario, sin necesidad de solicitarlo. “Cero papeleos”, ha dicho.

La ayuda será más intensa para apoyar los incrementos de salario iniciales, así como en el caso de las familias monoparentales, las personas con discapacidad y quienes se incorporen al mercado laboral. La estimación es que el número de beneficiarios alcance las 45.000 personas.