La Ley crea y crece prevé multas de hasta 10.000 euros para las pymes que no tengan la factura digital en dos años

La ley ofrece un plazo de 2 años para que las pymes puedan implantar la factura electrónica beneficiándose de las subvenciones que se están ofreciendo para ello a través del Digital Toolkit

El Congreso dio luz verde el pasado jueves a la Ley de creación y crecimiento de empresa con la que se pretende por un lado facilitar la creación de empresas, y por otro lado luchar contra la morosidad comercial e impulsar el crecimiento de las pymes.

Ahora bien, con la aprobación de esta medida y desde el momento en que sea publicada en el BOE, las pymes tienen un plazo de 24 meses para incorporar la factura digital a sus negocios antes de que puedan recibir multas de hasta 10.000 euros si no cuentan con estos sistemas.

La norma, que incluye medidas para impulsar la creación de empresas , como la posibilidad de crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con 1 euro y facilita su constitución de forma ágil y telemática, también incorpora elementos de rigidez para combatir la morosidad y el fraude fiscal, como es la implantación de estos sistemas digitales.

Se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos . Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.

Por otro lado, habrá sanciones de hasta 10.000 euros para aquellas pequeñas y medianas empresas que no tengan incorporada la factura digital en plazo de dos años que ahora comienza.

Subvenciones europeas

Para apoyar esta medida en la Agenda Digital 2025 y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han propuesto programas de subvenciones que permitirán la adquisición de más de 3.000 millones de euros en subvenciones procedentes de los fondos europeos Next Generation , señala la ley en la que se insta a la adopción de la factura electrónica «obteniendo una subvención para emplear en la contratación en el mercado de productos o servicios de facturación electrónica y asegurar su implantación efectiva.

En este punto, el Gobierno considera razonable conceder a las empresas de menor tamaño un mayor periodo de tiempo «para adatarse a esta obligación».

Por lo que el despliegue del denominado Digital Toolkit -nombre que recibe el sistema de facturación digital- permitirá a las pymes tener un mayor periodo de transición para adaptarse y contar con el apoyo necesario habida cuenta de que esta operación podría ser más costosa para estas empresas . Así, se establece para ellas un periodo de hasta dos años para la adaptación, antes de que su uso sea obligatorio y acarree sanciones en caso de no cumplirse con el mandato.

De este modo, el Gobierno establece que las empresa que, estando obligado a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas, «serán sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros.