El nuevo método deberá anunciarse en algún lugar visible del local o instalaciones del empresario

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley de servicios de pago que, entre otras cosas, obliga a todo empresario o profesional a ofrecer a los clientes un sistema de pago alternativo al dinero en efectivo cuando el importe de las transacciones supere los 30 euros.

Se trata de una transposición de la Directiva europea, conocida como PSD2, de Servicios de Pago, con la que se crea un marco integrado de este tipo de servicios en la UE y que regulará además el acceso de terceros a la información bancaria de un cliente necesaria para realizar un pago, aunque con su consentimiento.

Con esta norma se pretende hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en la operativa con tarjeta a través de internet o móviles, y reforzar la seguridad en los pagos electrónicos.

Este instrumento de pago alternativo deberá anunciarse en algún lugar visible del local, establecimiento o instalaciones del empresario o profesional.

Para ello, se ha creado un nuevo régimen de operadores para los servicios de pago, de forma que introducirá la figura del iniciador de pagos y la del proveedor de información.

En una compra realizada por un cliente en un comercio electrónico en la que el pago no se haga con tarjeta, sino vía transferencia, el iniciador de pago sería el encargado de realizar la transferencia con los datos del cliente, a los que tendría acceso tras recabar su consentimiento.

Se reduce de 150 a 50 euros el máximo que un cliente debe asumir por uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta y otro instrumento de pago

Además, la norma reduce de 150 a 50 euros las pérdidas máximas que un cliente deberá asumir en el caso de que se produzca una operación de pago no autorizada como consecuencia del uso fraudulento, extravío o robo de la tarjeta u otro instrumento de pago, y se recorta el plazo de respuesta para la resolución por parte de las entidades de las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago a 15 días, frente a los dos meses que se establecía anteriormente.

Además, con el objetivo de mejorar la seguridad, la normativa incluye la exigencia de una autenticación reforzada del cliente en el acceso “online” a sus cuentas. El Anteproyecto de Ley de Servicios de Pago ha sido aprobado en primera vuelta, ya que deberá obtener los dictámenes correspondientes y volver de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado como Proyecto de Ley e iniciar su tramitación parlamentaria.

En una primera valoración de la norma, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, ha criticado que no se establecen limitaciones ni se regulan las comisiones que se cobran en estos servicios de pago. En el caso concreto de las tarjetas de crédito, España se encuentra a la cabeza dentro de las comisiones más caras del ámbito europeo, y en algunos casos con diferencias “abismales de hasta un 78 % más que la media de los países más ricos de Europa, donde en algunos casos no cobran comisión alguna”, ha denunciado Adicae.