El número dos de Díaz defiende la “máxima transparencia” del sistema actual
Bruselas plantea que patronal y sindicatos también fijen los criterios
La ley vigente tampoco ‘blinda’ la independencia del grupo de expertos

El Gobierno no modificará la legislación que determina la manera en la que se fijan la variación del salario mínimo interprofesional (SMI), y que, en última, instancia, la convierte en una decisión política que puede adoptar incluso con el rechazo frontal del de patronal y sindicatos.

Esta discrecionalidad afecta incluso a la independencia del grupo de expertos independientes que estos días se reúnen, convocados por el Gobierno, para determinar la subida para el próximo año.

Un riesgo que ha quedado patente tras el episodio protagonizado por el Ministerio de Trabajo al hilo de tres informes sobre el efecto de la revalorización. Todos fueron financiados con dinero público, aunque solo se han filtrado parcialmente a algunos medios.

Dos de ellos tenían como objetivo contrarrestar un tercero que advierte del impacto a medio plazo del empleo de las subidas. Se da la circunstancia de que la responsable de este documento es Sara de la Rica, miembro del comité de expertos.

En términos acumulados desde 2017, España ya es el segundo país que más ha incrementado este indicador en la UE y el Gobierno ha dejado claro que quiere seguir ese camino en el próximo año. Eso sí, en el lustro precedente se había mantenido prácticamente congelado.

Negativa tajante del Gobierno

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, justifica la negativa a reformar la Ley que rige el SMI porque permite contar tanto con el diálogo social como con el “expertise” del resto de departamentos ministeriales, aunque al final la decisión corresponde solo a estos últimos.
“No requiere una reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores”, insiste el número dos de Yolanda Díaz, Dicho apartado establece que el Gobierno decidirá sobre el salario mínimo “previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas”.

Pero esto no equivale a una negociación sobre una decisión que, tal y como ha recordado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en los últimos años, es de “naturaleza política”.

Con ello, el Gobierno de turno mantiene la última palaba sobre el SMI, como ha ocurrido en las subidas de 2021 y 2022, que salieron adelante solo con un acuerdo parcial con los sindicatos. Algo que, previsiblemente, se repetirá en 2023.

Además, le permite convertir el SMI en moneda de cambio en sus negociaciones presupuestarias con otros partidos, como ocurrió con el acuerdo entre PP y PSOE para subirlo un 8% en 2017, y en 2019 cuando PSOE y Podemos acordaron elevarlo un 22,3%. Aunque sea a a costa de ignorar acuerdos anteriores con los sindicatos y la patronal.

Bruselas quiere evitar arbitrariedades

Esta arbitrariedad es una de las situaciones que aspira a corregir la Directiva Europea de Salarios Mínimos. Bruselas exige garantizar la “participación efectiva” de los interlocutores sociales en la fijación del salario mínimo legal, en particular en lo que se refiere a la “definición de los criterios de fijación y actualización”, las variaciones y deducciones, la “participación en los órganos consultivos” y la “contribución a la recogida de datos”. Un papel mucho más activo que el que mantiene hasta ahora.

Aunque la normativa impulsada por el Ejecutivo comunitario no pide un acuerdo para subir el SMI, los criterios para establecer una cuantía deben ser acordados entre todos. Además, debe resultar ser transparentes tanto para los ciudadanos como para la Comisión Europea, que pedirá un informe cada dos años sobre los criterios que justifican las decisiones y su impacto.
“Máxima transparencia” técnica
Aunque el Gobierno tiene dos años para transponer la directiva, tiene claro que no tocará el artículo 27. Joaquín Pérez Rey defiende la “máxima transparencia” que se sigue en España a la hora de determinar el sueldo mínimo. Su argumento se basa precisamente en la existencia del grupo de expertos para decidir con criterios “objetivos” una hoja de ruta de subida del SMI. Pero esta afirmación es cuestionable desde el mismo momento en el que entre ellos no hay representantes ni de CEOE ni de Cepyme.

El número dos de Yolanda Díaz asegura que que el diagnóstico y la propuesta resultante de estos trabajos se integrará en los argumentos del Gobierno. Junto a ellos también figurarán, los informes protagonistas de la polémica.

“Los trabajos de la comisión formaran parte del acerbo de análisis que tomaremos en consideración: es una decisión política pero también técnica”, aseguró Pérez Rey. A su juicio, la combinación entre criterios académicos, diálogo social y estudios el resto de ministerios es la clave del “éxito” del SMI a lo largo de la presente legislatura.

Pero en la práctica, el Gobierno no tiene la obligación de escucharlos si el artículo 27 no se modifica para obligarle a hacerlo. Según la ley, el Ejecutivo decide en función del IPC, la productividad y la coyuntura económica.

Esto permite Gobierno no solo ignorar, sino incluso expulsar a los expertos discordantes con sus posiciones del Ejecutivo. Todo ello sin consecuencias, más allá de dar la rotunda imagen que la evolución del SMI en España es completamente arbitraria.