La vicepresidenta pide a las organizaciones empresariales y sindicales que alcancen un “pacto de país” en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Yolanda Díaz está presionando a las organizaciones empresariales y sindicales para que lleguen a un acuerdo que propicie un impulso generalizado de los salarios en España. En este sentido, la vicepresidenta ha trasladado tanto a la CEOE como a CCOO y UGT la necesidad de que pacten una subida salarial potente para los próximos años, en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que sirve de referencia a los equipos negociadores en el seno de las empresas en cuestiones clave como la fijación de los sueldos, además de otras condiciones laborales.

Este mismo martes, tras la reunión del Consejo de Ministros que aprobó la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.000 euros, la vicepresidenta hizo un llamamiento público en este sentido y demandó a sindicatos y empresarios que muestren su “compromiso” y alcancen “un pacto de país” para remar juntos, con el Gobierno, en la misma dirección, mejorando los sueldos para mejorar la economía en su conjunto. “Hay que dar marcha atrás a la precariedad y los bajos salarios”, zanjó.

De puertas adentro, fuentes del diálogo social revelan que la ministra de Trabajo y su equipo también han trasladado esa presión a la mesa bipartita, ya que en la negociación del AENC no interviene el Ministerio.

Hay que recordar que el último AENC terminó su vigencia en 2020 y, pese a la insistencia sindical, no ha sido renovado porque los empresarios se han negado a negociarlo en plena pandemia. De hecho, la CEOE también ha rechazado las dos últimas subidas del SMI que ha pactado el Ministerio solo con los sindicatos. Sin embargo, en el mismo comunicado que mostraron su negativa al último alza del salario mínimo hasta 1.000 euros, la patronal manifestó su disposición a “analizar y concretar en el ámbito bipartito con los sindicatos la que debería ser la senda de actualización de los salarios razonable para los próximos años en el marco de las negociaciones del próximo Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC), que ofrezca tranquilidad a empresas y trabajadores y, en general, al país”.

Los contactos preliminares, de hecho, ya se han producido. Así lo confirman fuentes del diálogo social que avanzan que la negociación pura y dura arrancará a principios de marzo. El momento es delicado, porque la escalada de la inflación está resultando más persistente de lo que inicialmente proyectaron los analistas y están tensando mucho la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pero desde el flanco empresarial insisten en que la situación es temporal y hay que evitar que la subida de los precios impregne a las nóminas de manera generalizada y se acaben produciendo los temidos efectos de segunda ronda. Los sindicatos, por su parte, defienden que hay que proteger a los trabajadores ante la escalada del IPC para garantizar su poder compra y evitar un aumento de la conflictividad laboral.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha entrado al debate y ha pedido a los agentes económicos que eviten que el alza del IPC “acabe impregnando al resto de la economía”, garantizando que uno de los factores de este incremento de la inflación, el coste de la energía, registrará una “reducción significativa” a mitad de año. En la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que ha advertido de que conviene evitar subidas salariales que conviertan la inflación en estructural. El Banco de España también ha alertado de ese eventual círculo vicioso, pero Yolanda Díaz no está en ese mood y recientemente ha respondido al supervisor que, frente a las “voces que siempre piden moderar los salarios”, el “problema del IPC no se debe a salarios ni a pensiones”.

Lo cierto es que la fuerte escalada inflacionista ya se ha dejado sentir en la negociación salarial. Los registros de convenios colectivos del pasado mes de enero muestran que el incremento salarial medio era del 2%, lo que supone un inusual aumento de medio punto en un solo mes. El motivo no es otro que el impacto de las actualizaciones salariales después de que el IPC aumentara en diciembre un 6,5% interanual y avanzara un 3,1% de media en 2021. El rally de precios se intensificó en la recta final del año y muchos de los trabajadores que negociaron entonces sus condiciones laborales incluyeron en sus convenios cláusulas de garantía salarial, que compensan la totalidad o parte de la subida del IPC para evitar pérdidas de poder adquisitivo.

El IPC bajó en enero un 0,4%, lo que ha recortado la tasa de inflación en cuatro décimas, hasta el 6,1%, resultado superior al previsto por Funcas, que acaba de revisar al alza sus proyecciones para este año. En concreto, los expertos consideran que la tasa de inflación subirá de nuevo en febrero hasta el 7,1%, y de media anual se situará en el 4,6% (frente a un 3,7% en la previsión anterior). Y con este escenario, patronal y sindicatos se sentarán a negociar en los próximos días un nuevo AENC. Los sindicatos ya ponen sobre la mesa subidas de sueldos del hasta el 5% y los empresarios, de momento, prefieren no hablar de números, según aseguran fuentes de la patronal que insisten en que la prioridad en estos momentos es que las empresas se recuperen de la grave crisis que aún están atravesando.