El Alto Tribunal anula las resoluciones de judiciales fiscalizadas en sede de casación por falta de motivación y justificación

Como ya lo hiciera en octubre del 2020, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha reiterado, en su sentencia de 23 de septiembre de 2021, su rechazo ante la entrada en la sede social de una empresa llevada a cabo por Hacienda y sin previa notificación de inicio de inspección.

En opinión del Supremo, habría bastado con requerir a la entidad recurrente en casación “para que facilitase la información que necesitase la Administración (…), de acuerdo con el deber que estatuye el art. 93.1 de la Ley General Tributaria, para poder obtenerla, en principio, de una manera menos gravosa o invasiva”.

Después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife autorizase mediante auto la entrada en la sede de la empresa y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimase el recurso de apelación presentado en nombre de esta última, el Tribunal Supremo admitió el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil afectada y apreció la concurrencia de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en los siguientes términos:

1.-Determinar si, para la realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, únicamente pueden ser objeto de autorización judicial de entrada en el domicilio las solicitudes de la Administración tributaria relativas a procedimientos de inspección, en los que el obligado tributario se encuentre ya incurso.

2.-Precisar si en el recurso de apelación interpuesto contra el aludido auto de autorización de entrada en el domicilio, resulta exigible que se entregue copia del expediente judicial al recurrente dentro del plazo previsto para formular dicho recurso.

El Supremo reafirma su doctrina

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, sin intención de rectificar lo establecido hace casi justo un año, reafirma su reciente doctrina prevista en la ya aludida STS de 1 de octubre de 2020, cuyos Fundamentos de Derecho segundo, tercero y acuarto, referidos a la necesidad de un procedimiento inspector previo, abierto y dado a conocer al interesado, reproduce extractadamente.

A juicio de la Sala Tercera del TS, “habría bastado requerir al ahora recurrente para que facilitase la información que necesitase la Administración, propia o de terceros (…) para poder obtenerla, en principio, de una manera menos gravosa o invasiva”, máxime si se tiene presente que “no cabe la mera suposición o conjetura de que el requerimiento se va a incumplir” y cuando en nuestro sistema sancionador, “los incumplimientos de deberes de esta clase están severamente castigados” en la LGT.