La Inspección de Trabajo recibirá avisos de Agencia Tributaria sobre posibles delitos
En un momento delicado para las finanzas de las Seguridad Social, que afronta en 2023 la subida de pensiones más caras de la historia y para la que necesitará financiación extra por valor de 20.000 millones de euros, el Gobierno inicia una cruzada para dar caza a las empresas defraudadoras en el pago de cotizaciones sociales.
Así, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Organismo Autónomo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han firmado recientemente un convenio en materia de intercambio de información y desarrollo de actuaciones de colaboración para la prevención y corrección del fraude fiscal y a la Seguridad Social. En síntesis, el acuerdo tiende un puente informativo entre los responsables de la persecución del fraude fiscal y laboral para, en este caso, incidir en las irregularidades en los pagos de los empresarios a la Seguridad Social.
En este sentido, aunque ambos organismos ya comparten información desde 2011, cuando suscribieron un primer convenio de colaboración, a partir de ahora se otorga potestad a los servicios de lucha contra el fraude para el intercambio de nuevos parámetros de documentación que sirvan para detectar y actuar sobre las áreas comunes de riesgo, además de establecer procedimientos de actuación coordinada.
En este sentido, los nuevos datos que se intercambiarán estarán relacionados con la identificación de empresas que defraudan; la identificación de fraudes a la Seguridad Social que puedan ser definidos como indicador adelantado de riesgo de fraude fiscal y fraudes fiscales que puedan ser identificados como indicador adelantado de fraude a la Seguridad Social; el diseño y determinación de las medidas a adoptar para prevenir conductas fraudulentas y el diseño de planes de control con elementos comunes y coordinación funcional de su ejecución.
«A la vista de los resultados positivos derivados de la colaboración, que ha permitido incrementar la eficacia de las actuaciones y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, las partes consideran que sería muy beneficioso para el cumplimiento de sus respectivos fines avanzar en el intercambio de información, ampliando la transmisión telemática de información entre las partes», señala el acuerdo recogido por el BOE.
Confidencialidad
Eso sí, entre la cláusulas que recoge el nuevo convenio, se establece que solo podrán tener acceso a la información los miembros que formen parte de las estructuras específicas de lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria Y más allá, se prevén represalias legales contra cualquier funcionario que teniendo acceso a esta información de las diferentes empresas no cumpla con el requisito de sigilo.
«Cuantas autoridades, funcionarios y resto de personal tengan conocimiento de los datos suministrados estarán obligados al más estricto y completo sigilo. La violación de esta obligación implicará responsabilidades penales, administrativas y civiles», señala el texto.
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