Histórica sentencia para las empleadas domésticas y de cuidados, que resuelve que la negativa de España a que puedan acceder al paro es contraria a la legislación comunitaria de igualdad entre mujeres y hombres

En su sentencia de este jueves, el TJUE declara que la directiva europea en materia de igualdad “se opone a una disposición nacional que excluye las prestaciones por desempleo de las prestaciones de seguridad social concedidas a los empleados de hogar por un régimen legal de seguridad social, en la medida en que dicha disposición sitúe a las trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no esté justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo”, recoge el fallo.

Los magistrados europeos subrayan que corresponde al juez español competente del caso verificar si así sucede en esta denuncia, de una trabajadora gallega contra la Seguridad Social, pero el Tribunal de Justicia le proporciona indicaciones claras para resolver en favor de la existencia de discriminación.

La cuestión prejudicial que llegó a la UE tiene lugar por la denuncia de Mariana, una trabajadora del hogar en Galicia, que acudió junto a su empleadora a la Seguridad Social para pedir cotizar por el desempleo, algo que no permite la ley en España. La afectada denunció a la Seguridad Social, asesorada por su abogado Javier de Cominges, que encontró en este caso (en el que empleadora y trabajadora iban de la mano) una situación indónea para denunciar lo que entendía que era una discriminación al colectivo.

El tribunal resuelve en este sentido, como ya lo hicieron las conclusiones del abogado general, Maciej Szpunar, que desmontaron los argumentos de la Seguridad Social y de los abogados del Estado español para justificar que las empleadas del hogar no puedan cotizar ni recibir protección por desempleo.

De este colectivo de trabajadoras se habla casi siempre en femenino porque lo ejercen una inmensa mayoría de mujeres. De manera formal, casi 400.000 trabajadoras afiliadas, y de manera informal, unas 150.000 sin dar de alta en la Seguridad Social. Esa práctica totalidad de mujeres en su desempeño –más del 95% de las personas afiliadas, como se ha remitido al TJUE– es una de las bases por las que los jueces argumentan que existe una discriminación indirecta por razón de género en la negativa de España a darles acceso al paro.

Una desigualdad de trato no justificada

No todo trato diferenciado que alcance a una mayoría de mujeres tiene que ser necesariamente discriminatorio, pero para ello se debe justificar el porqué de esta diferencia y si es proporcionada para justificar los motivos. Es lo que no ha logrado hacer España en este caso ante la corte de justicia europea.

El Gobierno español y la Tesorería General de la Seguridad Social alegan que la exclusión de la protección contra el desempleo en este colectivo de empleadas domésticas está ligada a las peculiaridades de este sector profesional, entre ellas la condición de los empleadores (que no son una empresa sino hogares particulares), y que responde a objetivos de mantenimiento de las tasas de empleo y de lucha contra el trabajo ilegal y el fraude a la Seguridad Social.

El Tribunal de Justicia confirma que los objetivos mencionados son “legítimos” desde el punto de vista de la política social. “No obstante, considera que la normativa española no parece adecuada para alcanzarlos, puesto que no parece aplicarse de manera coherente y sistemática a la luz de dichos objetivos”, recoge el comunicado de prensa del tribunal difundido este jueves.

Otros trabajadores similares no están excluidos

Los magistrados ponen de relieve que el colectivo de trabajadoras excluido de la protección contra el desempleo no se distingue de manera pertinente de otros de trabajadores que no lo están. Subraya que esos otros colectivos de trabajadores, cuya relación laboral se desarrolla a domicilio también para empleadores no profesionales, o cuyo sector laboral presenta las mismas peculiaridades en cuanto a índice de empleo, a cualificación y a remuneración que el de las empleadas de hogar, “plantean riesgos análogos en términos de reducción de las tasas de empleo, de fraude a la Seguridad Social y de recurso al trabajo ilegal, pero están todos ellos cubiertos por la protección contra el desempleo”.

Además, el Tribunal de Justicia añade que la inclusión en el Sistema Especial para Empleados de Hogar da derecho, en principio, a todas las prestaciones concedidas por el Régimen General de Seguridad Social español, salvo las de desempleo. Este sistema cubre, entre otros, los riesgos relativos a los accidentes de trabajo y a las bajas por enfermedad común. Según el Tribunal de Justicia, existe también una falta de coherencia a este respecto, en la medida en que esas otras prestaciones presentan aparentemente los mismos riesgos de fraude a la Seguridad Social que las de desempleo.

El Tribunal de Justicia considera, por último, que la normativa española parece ir más allá de lo necesario para lograr los objetivos mencionados. La exclusión de la protección contra el desempleo implica también la imposibilidad de obtener otras prestaciones sociales a las que podrían tener derecho las empleadas del hogar y cuya concesión está supeditada a la extinción de las prestaciones por desempleo. Es el caso de subsidios como el de desempleados mayores de 52 años.

Por lo tanto, “esta exclusión entraña una mayor desprotección social de los empleados de hogar, que se traduce en una situación de desamparo social”, apuntan los jueces