El Gobierno simplificará las modalidades de contratación y generalizará la indefinida

El Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’, un documento que recoge las líneas maestras de dos de las principales reformas que prevé acometer: la de las pensiones y la del mercado laboral. Esta última incluye 17 medidas para corregir desequilibrios como al alto desempleo estructural, la dualidad de los contratos de trabajo o la alta tasa de temporalidad, además de sentar las bases del estatuto de los trabajadores del siglo XXI.

Las acciones se explican en el documento titulado ‘Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo’. Algunas con una calculada ambigüedad para no herir susceptibilidades, ni entre los agentes sociales, ni dentro del propio Gobierno, donde coexisten distintos puntos de vista sobre la manera de acometer estas reformas.

Donde mayor concreción existe es en las medidas que persiguen reducir la elevada temporalidad del mercado laboral español. No en vano, actualmente nueve de cada diez contratos que se firman en España tienen fecha de caducidad.

En la actualidad son cuatro las modalidades de contratación: la indefinida, la temporal, para la formación y aprendizaje; y de prácticas. Cada una de ellas contiene sus propios subtipos. Por ejemplo, los contratos indefinidos pueden ser ordinarios, parciales, o fijos discontinuos. También existen contratos de interinidad, de obra o servicio, de relevo, etc.

A grandes rasgos, el Gobierno quiere simplificar y reordenar estas modalidades de contratación. La idea es generalizar el contrato indefinido, que tienen tres de cada cuatro trabajadores. Para lograrlo quieren «devolver la causalidad» al contrato temporal. El Ejecutivo exigirá a las empresas una justificación clara de los motivos por los que recurre a la contratación temporal, de forma que se limite para el desempeño de actividades puramente eventuales.

Muchas empresas recurren a la extinción o no renovación de este tipo de contratos como mecanismo de ajuste, ya que la indemnización por despido es más baja que en los indefinidos. Cabe recordar que en el tercer trimestre de 2020 tres de cada cuatro empleos destruido en España fueron temporales.

Además, el Gobierno prevé endurecer todavía más la utilización de contratos de muy corta duración, así como asegurar «un uso adecuado de la subcontratación desincentivando los supuestos en los que es un mero instrumento de reducción de costes», según consta en el documento enviado a Bruselas.

Contratos fijos discontinuos

Otra medida consiste en revisar la aplicación de los contratos fijos discontinuos. Se trata de una modalidad de contratación indefinida y fija, mediante el que la empresa incorpora a un trabajador durante un periodo concreto en el que se desarrolla la actividad. Por tanto, se trata de un trabajo de carácter cíclico, muy extendidos en sectores como el turismo.

También se busca adecuar la regulación de los contratos de formación y aprendizaje -que ahora apenas se usan y se quieren impulsar-, y los de prácticas. Modalidades de contratación que se simplificarán para favorecer la formación en alternancia con el empleo de los jóvenes de entre 16 y 21 años, y generalizar la contratación estable de aquellos de edades comprendidas entre los 22 y 29 años. Estas medidas se incluyen en el nuevo programa de empleo joven que el Gobierno quiere articular para el periodo 2021-2027.

El Ejecutivo revisará las subvenciones y bonificaciones a la contratación -representan el 25% del gasto en políticas de empleo-, simplificándolas y limitándolas a contratos indefinidos para personas desempleadas.

Con vistas a reducir el nivel de desempleo se contemplan varias medidas: impulsar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) como mecanismo permanente del mercado de trabajo. La idea es convertirlos en «un instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones negativas» y «reforzar la inversión en formación» para recualificar a los trabajadores afectados. Por otro lado, se busca modernizar las deficientes políticas de empleo, que se negociarán con los agentes sociales.