El Congreso insta al Gobierno a presentar en menos de seis meses una propuesta de reforma para reforzar el mecanismo de segunda oportunidad.

La ley de segunda oportunidad de 2015 trajo importantes cambios en la normativa concursal española. Sin embargo, los expertos han reclamado desde el primer día diferentes mejoras para adecuarla a la actual situación.

El pleno del Congreso de los Diputados ha recogido ahora el guante y recientemente ha instado al Gobierno a presentar en un plazo de seis meses -a contar desde el 16 de noviembre en el que se publicó la resolución- una propuesta de reforma que aborde varios aspectos.

La ley de 2015

La Ley de Segunda Oportunidad fué diseñada, sobre todo, para ciudadanos particulares y para profesionales por cuenta propia (autónomos). Esto supuso una clara novedad, ya que, hasta entonces, sólo las empresas contaban con un vehículo legal claro para pedir la exoneración de sus deudas. Esta ley incluye a particulares y autónomos que hayan fracasado en su aventura empresarial, que hasta ahora debían afrontar sus deudas con su patrimonio presente y futuro.

Dicha ley pretendía ser un ligero balón de oxígeno para pequeños empresarios y personas particulares, que de este modo encuentran un vehículo legal en caso de que su aventura emprendedora haya fracasado y no puedan hacer frente a las deudas contraídas.

¿Cuál es el primer paso para acogerse a ella?

En primer lugar, el emprendedor/deudor deberá intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores. En este proceso, que será tutelado por un juez, el deudor podrá liquidar sus bienes para abonar las deudas que pueda pagar o pactar un calendario de pagos para hacer frente a dichas deudas.

La ley establece entonces varias condiciones, como que ell deudor compense a sus acreedores con la cesión de los bienes no necesarios para el ejercicio de su actividad profesional o con acciones de su propia compañía. En ambos casos, el valor de los bienes o las acciones deberá ser igual o inferior a la cantidad adeudada.

Asimismo se exige que el emprendedor proponga a sus acreedores un plan de viabilidad y un calendario de pagos para hacer frente a las deudas. El plazo para realizar dichos pagos no podrá superar los diez años.

Todo este proceso es tutelado por un juez, y el emprendedor puede solicitar la ayuda de un mediador concursal, que hará de interlocutor entre el emprendedor/deudor y sus acreedores. Si finaliza el proceso de negociación (de unos dos meses aproximadamente) y no se ha alcanzado un acuerdo, el deudor y el mediador concursal podrán solicitar ante el juez el concurso de acreedores voluntario.

Tras este periodo, y solicitado el concurso de acreedores voluntario, el juez podrá exonerarle de gran parte de sus deudas bajo dos condiciones: en primer lugar, que el propio juez considere que el deudor ya no tiene dinero ni activos para afrontar sus deudas; en segundo lugar, que dicho deudor haya demostrado obrar de buena fe.

Eso sí, no todas las deudas desaparecen: las públicas (Hacienda y la Seguridad Social) seguirán vigentes, así como las contraídas por la manutención alimenticia de sus hijos en caso de estar divorciado.

¿Las deudas desaparecen para siempre?

En realidad, no. Cualquier acreedor podrá pedir al juez la revocación de la exoneración de deudas si, en los cinco años posteriores a la admisión de la ‘segunda oportunidad’, el acreedor entiende que su deudor ha obrado de mala fe o ha obtenido ingresos en negro (mediante economía sumergida). En principio, la ley otorgaba a los acreedores un plazo de cinco años para descubrir estas ‘trampas’ por parte del deudor; sin embargo, el texto final le concede un plazo ilimitado para hacerlo. Si el acreedor pide la revocación de la exoneración de deudas y el juez la acepta, el emprendedor dejará de estar sometido a esta ley y volverá a contraer sus deudas.

Las reformas que ahora se plantean

Eliminación de la provisionalidad

El mecanismo queda ahora sin efecto si un particular mejora sustancialmente la situación económica por herencia, legado o donación o juego de azar.

También se sugiere bajar de cinco a tres años el plazo de control para pymes y autónomos. Actualmente, la provisionalidad sólo afecta al cumplimiento del plan de pagos sobre las deudas no liberadas o a la concurrencia del supuesto por el que mejorase sustancialmente la situación económica.

Dación en pago

La dación en pago de la vivienda habitual para los deudores más vulnerables constituiría una de las novedades más relevantes en el sistema concursal para los particulares, manteniendo el derecho a permanecer en su vivienda durante tres años con un alquiler que no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

Realización de nueva tasación a efectos de ejecución de la vivienda habitual

Esto implicaría la inclusión de un límite, que sería la tasación utilizada al otorgarse el préstamo hipotecario. “No obstante, esto supondría una dificultad añadida para la venta del inmueble a terceros, al reconocerse con dicho límite una valoración superior a su auténtico valor de mercado”, comenta Pavón.

Previsión de un supuesto excepcional para deudores con dependientes

Supondría la ampliación del mecanismo de segunda oportunidad en los casos en los que el deudor con, al menos, un menor de edad o persona en situación de dependencia a su cargo no pueda cumplir con el plan de pagos de las deudas no liberadas (créditos públicos).

Facultar al juez para la concesión de oficio de la liberación de deudas

Esta previsión puede suponer una garantía adicional para aquellos supuestos en los que el deudor no actúe en el procedimiento asistido de abogado y representado por procurador, pues en tales casos deberá ser el juez quien, de oficio, conceda tal beneficio.

Declaración como derechos inembargables de ciertas prestaciones de responsabilidad pública

La propuesta remitida al Gobierno contiene la declaración como inembargables de las siguientes ayudas: prestaciones por desempleo en su modalidad no contributiva; prestaciones concedidas por la participación en programas temporales de fomento del empleo; prestaciones familiares de la Seguridad Social; prestaciones de atención a la dependencia; rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas; y subvenciones, ayudas y becas concedidas por las Administraciones Públicas de carácter finalista destinadas a compensar gastos realizados.

 

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