Una sentencia rechaza la vía de apremio antes de resolver una solicitud de suspensión

El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que se opone la forma de actuar de la Agencia Tributaria a la hora de exigir una deuda cuando se presenta una solicitud de suspensión en plazo voluntario, según la cual antes de que Hacienda dirima sobre el recurso, la exige con un recargo del 20%.

En esta sentencia que unifica doctrina, da la razón a un contribuyente a quien Hacienda le reclamaba algo más de un millón de euros por IRPF por un acta de inspección en el IRPF. El contribuyente presentó una solicitud de suspensión cautelar del pago de la deuda dentro del período voluntario y la Administración la inadmitió. Sin embargo, la inadmisión se produjo con posterioridad a que Hacienda dictara la providencia de apremio. Es decir, no se entra a valorar si la decisión de Hacienda estaba o no justificada, sino que se señala que no es posible que se inicie la vía ejecutiva antes de haber dado respuesta a la solicitud de suspensión.

No obstante, hay que distinguir en estos casos en que se solicita la suspensión cautelar entre que se dicte la denegación o la inadmisión, ya que la denegación confiere un nuevo plazo para pagar la deuda si la suspensión se solicitó dentro del período voluntario de pago. En el mismo caso, sin embargo, la inadmisión de la solicitud de suspensión hace que ésta se tenga por no presentada, por lo que se inicia directamente la vía de apremio. No hay por tanto, una nueva oportunidad para pagar en período voluntario. Por ello la inadmisión lleva aparejado el pago de recargos.

Hasta ahora, la Agencia Tributaria, solo paralizaba el cobro de las liquidaciones cuando se solicitaba la suspensión, sin garantías, por existir perjuicios de imposible o difícil reparación. Aparte de esta situación, las solicitudes infundadas o que no cumplen los requisitos formales se tienen por no presentadas, lo que lleva a la Administración a iniciar la vía ejecutiva y notificar la providencia de apremio, sin siquiera haber dado respuesta a la solicitud de suspensión planteada.

Así, la decisión del Supremo supone en la práctica que Hacienda no podrá saltarse los plazos. El contribuyente ganará algo de tiempo, aunque el resultado final será el mismo.

ASÍ ACTÚA LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA COBRAR LA DEUDA
La mayoría de contribuyentes abona sus deudas fiscales dentro del plazo conocido como periodo voluntario, que está fijado por ley. Existe la posibilidad de solicitar un aplazamiento, una vía que Hacienda ha restringido en los últimos años y que fue muy utilizada por las empresas durante la etapa de crisis económica, marcada por la falta de liquidez. Transcurrido el período de pago voluntario, se inicia el llamado período ejecutivo, en el que la Agencia Tributaria puede recurrir a medidas preventivas como el embargo para asegurarse el cobro. En la fase de apremio, el contribuyente debe abonar un recargo que es del 20% con carácter ordinario y los correspondientes intereses de demora, que actualmente ascienden al 3,75%.